Durante la mañana de este jueves se realizó en el Juzgado de Garantía de Coquimbo la audiencia de formalización del sujeto imputado por los delitos de abigeato, maltrato animal y beneficio clandestino, tras ser acusado de robar una yegua y arrastrarla por calles de la comuna, hecho que generó profunda indignación en la comunidad.
El Magistrado Felipe Pizarro acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo que su libertad representa para la seguridad de la sociedad. Durante la audiencia también se reveló que el acusado mantiene múltiples investigaciones pendientes por delitos de estafa.
Al fundamentar su resolución, el juez Pizarro señaló que “no es el medio idóneo para transportar equinos por la vía pública, siendo este tipo de conductas del todo deleznables, habiéndolo finalmente faenado para su comercialización, se advierte un dolo común del imputado, habiendo actuado en grupo o pandilla, en atención a las circunstancias de comisión del hecho”.
El magistrado agregó que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, no correspondería aplicar una pena sustitutiva, señalando que “en este estadio procesal, no sería procedente una pena sustitutiva de las previstas en la ley 18.216, por lo que, sin perjuicio de la irreprochable conducta anterior que ha sido ya reconocida por el Ministerio Público, se coincide con que no le beneficiaría otra circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, por lo cual debería, en el evento de condena, purgar la pena de manera efectiva”.
Finalmente, el juez concluyó que la libertad del imputado representa un riesgo real para la comunidad, indicando que “configurándose tales criterios peligrosistas, la libertad del imputado configura un riesgo cierto para la seguridad de la sociedad, por lo cual se hará lugar a lo solicitado, decretándose la prisión preventiva por tal causal.”
El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias investigativas, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir nuevos antecedentes que permitan esclarecer completamente los hechos.
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