Caso corrupción

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, tras extensas jornadas de formalización. Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario. “…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo(…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó Urrutia. El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación. Lavín León salió esposado del tribunal. Según el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal asciende a $104 millones, en una causa que apunta a la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos con fines personales y electorales. La defensa, en tanto, descarta los cargos y atribuye las irregularidades a errores administrativos. Tal como reveló BBCL Investiga, el parlamentario —según la indagatoria— también obtuvo financiamiento de dineros públicos del Congreso para pagar una deuda personal que mantenía con la imprenta MMG. Se trata de una empresa con sede en Santiago Centro que prestaba servicios a una cantidad no despreciable de candidatos gremialistas. “Esa imprenta era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña”, atestiguó uno de los brigadistas relacionados a Lavín.