Con 8 votos a favor y 4 en contra
La denominada Ley de Reconstrucción Nacional, considerada una de las principales apuestas económicas del gobierno del Presidente José Antonio Kast, logró este jueves superar su primera gran prueba legislativa tras ser aprobada en general por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, permitiendo que el proyecto continúe avanzando en su tramitación parlamentaria en medio de un escenario político cada vez más tensionado por las advertencias técnicas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y las diferencias surgidas entre el ejecutivo y el Partido de la Gente (PDG). La única abstención correspondió precisamente a la diputada del PDG, Zandra Parisi, en una señal que reflejó las dudas que mantiene la colectividad tras el quiebre de las negociaciones con el gobierno. En tanto, los votos en contra provinieron de parlamentarios oficialistas y de centroizquierda: Bianchi (IND-PPD), Brito (FA), Barrera (PC) y Castillo (DC). Por su parte, los votos favorables fueron emitidos por diputados de Chile Vamos, Republicanos y sectores afines al ejecutivo: Coloma (UDI), Durán (RN), Karlezi (PNL), Ross (REP), Weisse (UDI), Meza (REP), Schalper (RN) y el presidente de la comisión, el diputado Romero (REP). La sesión estuvo marcada además por intensos intercambios políticos y alusiones al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, así como referencias a la histórica colusión de los pollos, tema mencionado por parlamentarios como Barrera y Daniel Manouchehri durante el debate. Con la aprobación en general, ahora comienza la discusión en particular del proyecto, etapa considerada la más compleja debido a que cada una de las medidas deberá ser analizada y votada individualmente. Entre los aspectos más controvertidos aparecen el financiamiento de las medidas, la reducción de impuestos a las empresas y los efectos fiscales de largo plazo. Precisamente, el informe emitido recientemente por el Consejo Fiscal Autónomo ha instalado una fuerte presión sobre el debate legislativo. El organismo técnico advirtió que el proyecto podría mantener déficits fiscales al menos hasta el año 2031 y sostuvo que parte importante de la viabilidad financiera de la propuesta depende de proyecciones de crecimiento económico que podrían no concretarse. Además, el CFA planteó que varias de las medidas incluidas en el plan generan costos inmediatos para el Estado, mientras que los eventuales beneficios económicos se producirían de manera gradual y con altos niveles de incertidumbre.
